AREA:CIENCIAS SOCIALES | GRADO:10° |
DOCENTE: ADALBERTO GONZALEZ PEÑA GUIA No 4 Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la guerra | FECHAS Inicio: Septiembre 3 Final: Octubre 1 |
APRENDIZAJES:
Analiza y comprende los cambios
sociales, políticos, económicos en América latina y el mundo durante el siglo XX y XXI, su impacto en la vida de los
habitantes del planeta como aprendizaje para adoptar un actitud crítica para la
resolución pacífica de los conflictos
METODOLOGIA
Mediante la praxis del AUTOAPRENDIZAJE los estudiantes trabajan con los padres el desarrollo de las GUIAS DE APRENDIZAJE. Estrategia en la que los estudiantes buscan la información bibliográfica y web gráfica que necesitan para comprender los problemas y obtener una solución, bajo la supervisión de su docente desarrollando los cuestionarios, en la que tenemos comunicación permanente a través del blog http://www.barranquillabicentenaria.com/
Fuente:
Latinoamérica.
Revista de estudios Latinoamericanos
versión On-line ISSN 2448-6914versión impresa ISSN 1665-8574
Latinoamérica no.55 México dic. 2012
Economía y conflicto armado en Colombia: los
efectos de la globalización en la transformación de
la guerra / Silvia Mantilla Valbuena*
* Universidad Nacional de Colombia,
sede Caribe
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003
Los estudiantes realizarán en casa de acuerdo con las fechas estipuladas
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ACTIVIDAD |
FECHA DESARROLLO
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FECHA DE ENTREGA
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1. El nuevo modelo de desarrollo económico y la
reconfiguración del estado nación como factores explicativos de la transformación
del conflicto |
Septiembre
3 |
Septiembre
10 |
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2. El problema de la tierra en virtud de las reformas neoliberales y de
la GLOBALIZACIÓN
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Septiembre
10 |
Septiembre 17 |
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3. La
descentralización y el reforzamiento de la conflictividad en las localidades |
Septiembre
17 |
Septiembre
24 |
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4. La transformación del conflicto a partir de la economía
ilícita del narcotráfico y sus vínculos con el contexto global |
Septiembre
24 |
Octubre
1 |
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AUTOEVALUACION |
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Octubre
1 |
ACTIVIDAD
NO. 1 EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA RECONFIGURACIÓN DEL ESTADO
NACIÓN COMO FACTORES EXPLICATIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO
Cuestionario
1.
¿En qué consiste la globalización?
2.
Plantea los cambios estructurales que
introdujo la globalización en Colombia
3.
¿Cómo la globalización genera un cambio económico y productivo que afecta la dinámica interna del conflicto armado en
Colombia?
4.
¿Cómo afecta el proceso anterior el comportamiento en el sector primario?:
a.
La producción de café
b.
Producción de energía combustibles
derivadas primordialmente del petróleo, el gas, el carbón
c.
La exploración y explotación de oro,
esmeraldas?
d.
plantación
extensiva de la palma aceitera
5. ¿Por qué el estado colombiano ha sido incapaz de controlar la producción y comercialización de oro, esmeraldas? ¿Qué propones para solucionar este problema?
1.
De acuerdo con el video ¿Por qué cree que el gobierno incentiva la inversion en producción minera y desestimula la producción agricola? ¿Por qué el
estado no reconoce el desplazamiento forzado por razones de la explotación minera? Responder en comenarios del blog
El autor colombiano Hugo Fazio, entiende la globalización como la expansión del modelo capitalista a escala mundial, basada en el acelerado intercambio de bienes, servicios y mercados que condujo al derrumbamiento de las fronteras nacionales y logró profundizar la interdependencia entre países, regiones, empresas y actores transnacionales que confluyeron en un único sistema de relaciones económicas y de informatización.
En Colombia, dicha globalización introdujo diversos cambios estructurales y reconfiguró las
relaciones económicas, políticas y sociales del Estado colombiano para permitir
el libre desarrollo de la fuerza liberalizante del capitalismo mundial. Las
tendencias globalizadoras se materializaron en la suscripción de acuerdos de
integración, mercados comunes o zonas de libre comercio, la generalización de
estrategias encaminadas a atraer inversión extranjera y la creación de
condiciones para suscitar el interés de las grandes empresas transnacionales,
así como en el rigor macroeconómico, la preservación de un sano equilibrio
fiscal y las políticas de privatización de activos y servicios estatales. A su vez, la globalización exigía una
descentralización de las funciones del Estado a fin de hacerlo más eficiente en
el manejo de los recursos, así como de fomentar el auto-sostenimiento de las
regiones y localidades del país.
La adopción del neoliberalismo en Colombia se constituyó así en el modelo de desarrollo a través del cual se
materializó en buena medida el fenómeno de la globalización, lo que, a su vez,
produjo efectos en la problemática del conflicto armado colombiano. A
continuación evidenciaremos los aspectos más relevantes de esta transformación.
EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN EL SECTOR
PRODUCTIVO DE COLOMBIA Y SUS VÍNCULOS CON EL CONFLICTO ARMADO
Colombia pasó de ser un país eminentemente productor de café en la
década de los setenta a convertirse en productor de minerales y de coca en la
de los noventa. Este cambio en la estructura productiva del país se debió
fundamentalmente a los retos que tuvo que enfrentar la economía colombiana de
cara a un contexto cada vez más abierto, flexible y competitivo traído por el
impulso liberalizador de la globalización.
La participación de la caficultura en el país pasó de representar 50% de
las exportaciones en 1985 a 21% en 1998 y 8% en 2000, y su participación en las
exportaciones en el contexto mundial que en la década del noventa estaba
alrededor del 19%, para 2005 representaba apenas 14%. lo anterior
pudo explicarse en primer lugar, en razón de los bajos precios internacionales
del grano que empezaron a regir a partir de la década de los ochenta debido a
una sobreproducción mundial de café, que fue inducida por el surgimiento de
nuevas y viejas economías que aprovecharon el contexto global para expandir su
comercialización agrícola.
En segundo lugar, la situación del café en Colombia presentó una
condición muy similar a la de buena parte de los productos agrícolas en los
países del Tercer Mundo dependientes de las exportaciones, que fueron golpeados
duramente por las medidas tanto aperturistas como proteccionistas de los países
más poderosos y que fueron desplazados por nuevos productores que aplicaban más
tecnología o que ofrecían nuevos productos sustitutos para abastecer la demanda
del mercado global.
¿Cómo pudo entonces, este cambio económico y productivo haber afectado
la dinámica interna del conflicto armado en Colombia? Se puede decir que hay dos respuestas a esta pregunta, una que puede
comprobarse con evidencia teórica y causal, y otra que puede sustraerse de una
manera más analítica que directamente verificable.
Derechos humanos, desplazamiento forzado e industrias extractivas en Colombia -- Beatriz Sánchez
En cuanto a la primera respuesta, es necesario ubicar el conflicto colombiano en un escenario en que a la par de la crisis agrícola de los países menos desarrollados, la economía internacional comenzó a privilegiar, especialmente en los últimos decenios, el consumo de minerales e hidrocarburos dada la necesidad cada vez mayor de los países industrializados de obtener insumos industriales y fuentes de energía combustibles derivadas primordialmente del petróleo, el gas, el carbón, y de algunos minerales como el oro, el níquel y el hierro, entre otros.
Colombia pasó así en los años noventa a consolidarse como un importante
productor de minerales y combustibles, en virtud del modelo de producción y de
economía que empezó a prevalecer con la demanda de estos recursos en el ámbito
mundial. El petróleo, el carbón y el oro se posicionaron como los productos
cuya producción y crecimiento se mantuvieron en ascenso desde la década de los
noventa mostrando el potencial minero y energético que tenía el país
(véase gráfico), en un contexto internacional en
que los precios del crudo y demás minerales se habían mantenido altos y
relativamente constantes.
El petróleo, específicamente, se convirtió en el principal renglón de
exportaciones del país y en una importante fuente de ingresos para el Estado.
Durante la década de los noventa, por ejemplo, el sector petrolero aumentó su
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de 1.5% en 1994 a 3.6% en
1999 y su producción creció de 126 mil bpd (barriles por día) en 1980 a
816 mil bpd en 1999, posicionando al país como uno de los principales
productores de crudo del continente latinoamericano, después de México, Brasil
y Venezuela. Si bien no puede decirse que Colombia haya sido una potencia
petrolera en el nivel regional, en las últimas décadas, con la política minera
de Álvaro Uribe que se consolidó posteriormente con la "locomotora minero
energética" del gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia
se ha situado entre los primeros 20 productores mineros en el ámbito mundial.
A través de esta "locomotora", se ha fomentado una
exploración y explotación agresiva de las fuentes de crudo, impulsada en buena
medida por las facilidades que el Estado le ha otorgado a la inversión extranjera,
lo cual llevó al país a la histórica cifra de 965 mil bpd a finales del año
2011.
Esta nueva orientación del sector productivo vinculada a la economía
internacional, se constituyó en un nuevo escenario que fue aprovechado por los
actores armados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Unidas de Colombia o grupos
paramilitares (AUC), que se fueron expandiendo hacia nuevas zonas de
riquezas ubicadas en los centros urbanos y semiurbanos del país, con el fin de
dinamizar su economía de guerra a través de formas tanto directas como
indirectas de explotación de los recursos altamente rentables en el mercado
internacional.
El ejemplo más claro de dicha relación entre recursos mineros y conflicto,
se ha evidenciado a lo largo de dos décadas después de haberse descubierto en
1983 uno de los campos petroleros más grandes y productivos denominado Caño
Limón, ubicado en la región de Arauca, departamento de
Casanare. Es importante anotar que en esta región ya existía previamente la
presencia de las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional y del Frente
Décimo de las FARC que se habían establecido allí hacia 1982.
Los grandes beneficios que suponían la explotación del petróleo en la
zona, abrieron de este modo una ventana de oportunidad para que estos grupos
pudieran financiar su economía de guerra, basados en un discurso nacionalista
que pretendía proteger a la región y al país de los efectos perversos que las
multinacionales producían sobre las economías productoras de petróleo. La
relación entre los grupos armados y este recurso es descrita por Jenny Pearce
en un estudio de campo sobre el fracaso de la política estatal y la
militarización multipolar en el Casanare.
La depredación se ha mantenido como una constante en la última década,
lo cual se refleja en el hecho de que en el pasado año 2011 se contabilizaron
84 ataques contra oleoductos y carros tanques y en 2012 se incrementaron los
atentados contra el oleoducto de Caño Limón Coveñas y los secuestros contra el
personal del sector.
Otro de los casos representativos ha sido el del control y el pago
forzoso de cuotas por parte de los distintos actores armados a la producción de
oro, especialmente en las zonas auríferas del sur de Bolívar, Antioquia y
Nariño. Colombia es un país
con gran potencial de producción de minerales preciosos, entre los cuales, el
oro y las esmeraldas ocupan ahora un papel central. Si bien la producción de
estos minerales no es nueva, pues el país los ha exportado desde la época de la
colonia, fue a partir de la década de los ochenta, cuando comenzó a
evidenciarse la verdadera viabilidad económica y comercial de este recurso en
el ámbito nacional e internacional.
La producción de oro ha pasado, sin embargo, por diversas fases de
crecimiento y declinación desde la década de los noventa. Así, su valor de
producción que durante 1994 fue de 232 mil millones de pesos, comenzó un
proceso de disminución permanente hasta 1998 cuando su magnitud fue sólo de 120
mil millones. Más adelante, entre 1994 y 1996 la producción de oro pasó de
20.76 a 22.07 toneladas, para caer levemente durante 1997 a 18.81 toneladas y
mantenerse en ese valor en 1998. En 1999 las cifras indican un aumento en la
producción a 33.88 toneladas con un incremento del 80% y durante el año 2000
estas cifras muestran una producción de 37.01 toneladas con un incremento de
9.24%
Entre los años 2004 y 2010 se sigue presentando un crecimiento relativamente estable de la producción de oro por gramos —excepto en los años 2006 y 2007—, como muestra el gráfico 2
La producción de oro en el país ha sido representativa, aunque no
exclusiva, de la región del Magdalena Medio que une al sur de Bolívar con la
región central del departamento de Antioquia. Este negocio ha estado en buena
parte mediado por la lógica del contrabando y ha tendido a caracterizarse por
la escasa presencia o la ausencia total del Estado.
Desde la década de los ochenta cuando la producción se hace
significativa en la región del Magdalena Medio antioqueño y bolivarense, ocurre
un fuerte movimiento poblacional atraído por las expectativas económicas y
comerciales alrededor de la explotación de este recurso. A partir de ese
momento comenzaron a producirse una serie de conflictos sociales y económicos
que se vieron agravados con la irrupción violenta de grupos armados de
guerrillas, paramilitares y ejército que iniciaron una cruenta lucha por el
control de estos territorios. El ELN por ejemplo, ya tenía presencia en esta
zona con el Frente Camilo Torres, razón por la que tradicionalmente se
consideró al sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Simití y San
Pablo, como una de sus zonas estratégicas de influencia; en estos municipios
comenzaron a operar poco después los frentes XXIV y XLVI de las FARC, así como
en otros municipios del norte de la región como Río Viejo, Morales, Barranco,
Arenal y Archí, donde también habían operado los frentes XXIV, XXXVII y José
Sepúlveda de las FARC.
A partir de la década de los noventa inicia la arremetida de los
paramilitares en la región del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, donde este
grupo armado se hizo del control de la minería artesanal aurífera. Ello trajo
como resultado una crisis social y humanitaria reflejada en 36 mil personas
desplazadas entre 1997 y 2009, 700 desapariciones documentadas entre 1999 y
2000, y 380 asesinatos entre 1997 y 2007 en la zona del Sur de Bolívar. En
la década de 2000, el paramilitarismo y las nuevas Bandas Criminales (Bacrim)
terminaron finalmente por masacrar a un sinnúmero de líderes miembros de las
organizaciones mineras que fueron asesinados, desaparecidos y estigmatizados
con el transcurso de los años.
La actividad que desarrollaron los distintos grupos armados en torno a
este recurso ha sido, como en el caso del petróleo, una política de saqueo y
depredación tanto directa como indirecta que ha tenido como fin la obtención de
ganancias económicas y el control del territorio y de la población,
[...] en esta región y en otras comunidades sustentadas en la producción
del oro, incluida la región del bajo cauca antioqueño, los grupos armados
cobran por dragas y motobombas de los medianos y pequeños mineros; han fijado
el pago de un impuesto a los productores de oro; imponen contribuciones al
comercio y ejercen estricto control en negocios como bares y cantinas,
restaurantes, hoteles; poseen y administran sus propias minas, supervisan a las
compañías de transporte fluvial y realizan en las administraciones locales lo
que podría denominarse una "auditoría social".
Todo lo anterior, se articula directamente con la industria global e
internacional en la medida en que un número importante de multinacionales han
empezado a invertir y a explotar el recurso en el país, como en los casos de
Greystar Resources, con el proyecto aurífero de Angostura en Vetas y California
(Santander) y Bullet en Zaragoza (Antioquia). Además de Barrick Gold Corp, Río
Tinto Limited, Cambridge Mineral Resources, De Beira Goldfields, Colombia
Goldfields y Antofagasta, entre otras.
Finalmente, algunos recursos agrícolas de carácter legal también han desempeñado un papel importante en la relación entre recursos naturales, globalización y conflicto armado en Colombia. Tal es el caso de la plantación extensiva de la palma aceitera, basada en un particular modelo de desarrollo rural que se encuentra directamente vinculado con las prioridades de los mercados internacionales.
Si bien la palma tuvo sus orígenes en Colombia en la década de los
treinta y hacia 1945 se inició formalmente su cultivo a través de la United
Fruit Company, el verdadero auge del cultivo de palma comenzó a gestarse hacia
la década de los noventa, cuando se produce un incremento sostenido de la
demanda mundial de grasas y aceites, así como la novedosa posibilidad de
utilizar este recurso como biocombustible. Según datos de la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), desde los noventa, el
crecimiento de la producción anual ha excedido en promedio el incremento del
consumo anual de aceites y grasas por cuatro veces, lo cual se ha reflejado en
el crecimiento sostenido de las exportaciones. Mientras un 7% del aceite de
palma fue exportado en 1995, este valor se había incrementado en 25% en el año
2000, y en 33% en el año 2006Así mismo, el principal mercado de exportación de
aceite de palma ha sido la Unión Europea, en donde los países con mayor
importancia son Alemania (39%) y Reino Unido (17%), y los mercados principales
de exportación de aceite de palma por su parte, han sido México (50%) y Reino
Unido (22%). En términos de la oferta y producción internacional de
este producto, Colombia ocupa entonces un lugar importante, al situarse como el
quinto productor y exportador mundial de aceite de palma como puede observarse
en la siguiente tabla
Dadas las características específicas de este tipo de cultivo y la amplitud
de su presencia en el territorio nacional, se ha producido en los
últimos años la intervención de los actores armados, especialmente del
paramilitarismo, en la búsqueda de formas alternativas de financiación a través
de este recurso. De acuerdo con el investigador Sebastián Ocampo, en Colombia se podría observar la relación
entre este recurso natural y los actores armados, de dos maneras:
La primera, cuando la producción de palma se vuelve el objeto de las
extorsiones que financian grupos armados. En este caso, la palma ya estaba
establecida y el conflicto armado llega o se recrudece después. Las extorsiones
a los palmicultores, los secuestros de administradores, la obstrucción del
transporte de los trabajadores y las amenazas de destrucción de instalaciones
de los palmeros por parte de las FARC en Puerto Wilches (Orrantia 1997) y en
San Alberto (Rettberg 2004), y en zona bananera por parte de grupos
paramilitares (Goebertus 2008), son muestra de esto. El otro caso, más
conocido, consiste en el desplazamiento de familias de sus tierras con la
intención de establecer en ellas grandes cultivos de palma de aceite, tal como
sucedió con el despojo violento de tierras de las comunidades afrocolombianas
que habitan en la cuenca del pacífico chocoano, para dar paso a cultivos de
palma.
En los últimos años, la plantación, la explotación y el control del
cultivo de la palma ha estado mayoritariamente en manos del poder paramilitar,
lo cual ha producido una crisis humanitaria sin precedentes, reflejada en
violaciones a los derechos humanos de los líderes de comunidades campesinas e
indígenas de las zonas palmeras del Chocó, Santander y Norte de Santander. Las
violaciones incluyen masacres, despojos, desplazamientos forzosos de
comunidades enteras, con el fin de apoderarse de las tierras aptas para el
lucrativo negocio de la palma, todo esto sin contar con la destrucción
acelerada de bosques tropicales y ecosistemas biodiversos que supone la
explotación del recurso.
Se pueden así enumerar distintos ejemplos en Colombia en los que ocurren situaciones similares alrededor de otros tipos de recursos mineros como el carbón, las esmeraldas y el ferroníquel, que en conjunto soportan la hipótesis de que el cambio de orientación del sector productivo hacia la minería y hacia otros recursos agrícolas rentables internacionalmente es el que se ha producido como resultado de las nuevas dinámicas de la economía global, y se ha convertido en una nueva fuente inagotable de recursos económicos para los grupos rebeldes y por esta vía, en un activador potencial de la violencia y del conflicto armado.
Vale la pena advertir que la larga historia de ataques a oleoductos y de
extracción de rentas a partir de la economía del oro o de la palma aceitera en
Colombia, no reflejan de manera exclusiva una relación depredatoria entre los
actores armados y los recursos naturales, sino que en muchos casos es el
resultado de un fuerte arraigo político y social de estos grupos en sus
comunidades de influencia, lo que hace que las motivaciones económicas se constituyan
en una fuente de legitimidad y de financiación para sus propósitos de guerra.
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