LA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO A PARTIR DE LA ECONOMÍA ILÍCITA DEL NARCOTRÁFICO Y SUS VÍNCULOS CON EL CONTEXTO GLOBAL 10°

 

Actividad No. 4 LA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO A PARTIR DE LA ECONOMÍA ILÍCITA DEL NARCOTRÁFICO Y SUS VÍNCULOS CON EL CONTEXTO GLOBAL

Cuestionario

1.      ¿Por qué la apertura económica en el campo incentivó el negocio ilegal del narcotráfico?

2.      Según la DEA, ¿Cuáles son las dificultades cada vez mayores que este organismo ha tenido para monitorear y controlar la industria ilegal del narcotráfico en Colombia?

3.      Explica la participación de los grupos armados en la industria ilegal del narcotráfico

4.      Plantea tu opinión sobre  el proceso de paz con los paramilitares, ¿exitosa o fallida? ¿Cuáles son sus efectos?

5.      ¿Qué significado para el país tuvo el Plan Colombia? ¿Crees que la política internacional de control del narcotráfico es un éxito o fracaso? Plantea tu opinión sobre la legalización de las drogas.

 

Una de las transformaciones más evidentes que el conflicto colombiano ha experimentado, en las dos últimas décadas, es relacionada con el papel desempeñado por el negocio ilegal del narcotráfico como activador de la guerra. Como es bien conocido, en la década de los noventa Colombia se había convertido en el primer productor de cocaína en el nivel mundial, lo cual, en un contexto de marcada ausencia del Estado y de crisis socioeconómica en los escenarios rurales del país, terminó por producir un vínculo negativo entre los actores armados y esta nueva fuente inagotable de recursos económicos.

La potencialidad de esta dinámica se debió en buena parte a que en el nuevo contexto de globalización las nuevas tecnologías de la comunicación, la información y el transporte facilitaron la transnacionalización de las actividades ilícitas a gran escala, brindando un escenario ideal para el establecimiento de redes transnacionales que permitiera vincular de manera más rápida y efectiva a los distintos grupos, mafias e individuos que buscaban maximizar sus ganancias a partir de la alta rentabilidad de los negocios ilícitos. A su vez, la rentabilidad de las actividades criminales en el nivel transnacional se veía fortalecida por la emergencia de una serie de leyes y aparatos de seguridad instaurados por los países potencia, que buscaban erradicar las actividades del mercado consideradas como indeseables.

En el caso de Colombia, vale la pena anotar, además, que ya existía previamente un contexto favorable en el cual las economías del contrabando, las rutas del tráfico de la marihuana y la explotación de esmeraldas como prácticas ilegales fueron abriendo paso a un contexto social e institucional, en que la economía de la droga y sus métodos violentos se fueron integrando y aceptando de manera transitoria en la estructura de la sociedad.

Para la década de los noventa, el vuelco de la economía colombiana hacia el sector exportador terminó por beneficiar a la industria del narcotráfico, en tanto la dimensión de la economía portuaria en Colombia se constituyó en un mecanismo de vital importancia para su inserción económica en el contexto internacional.  No fue entonces una casualidad que las rutas de tráfico de drogas hacia el exterior coincidieran con las salidas de los puertos marítimos  colombianos, y que utilizaran los mismos medios de transporte que son empleados para la comercialización de bienes legales.

PACIFISTA presenta: El Naya: la ruta oculta de la cocaína

De allí resulta obvio, por ejemplo, que un puerto como el de Cartagena, estratégicamente ubicado en el mar Caribe frente a los mercados internacionales y que, además, está impulsando un crecimiento asociado al tráfico de contenedores (transbordo), en una zona de alta competencia con otros puertos del Caribe y Centroamérica (Panamá, Bahamas y Jamaica principalmente), se constituyera en uno de los puertos principales para la salida de drogas del país. Asimismo, alrededor de los puertos de Buenaventura y Tumaco en el Pacífico colombiano, que se han convertido en los puertos de mayor movimiento en el ámbito nacional —siendo el puerto de Buenaventura el puerto multipropósito más grande del país—, se registraron entre 2002 y 2007 las más altas cifras de incautaciones de drogas en el nivel nacional.  Igualmente, presenta las más altas cifras de violencia y criminalidad. Esto coincide con la tendencia hemisférica del tráfico de drogas en los últimos diez años, donde los corredores centroamericanos y Pacífico ocupan un papel central, especialmente, en el tráfico de la cocaína que se produce en Colombia y que tiene como destino el mercado norteamericano.

Por otra parte, es posible establecer también una relación directa entre las políticas de apertura que tuvieron lugar en Colombia en la década de los noventa y el incremento de la industria de la droga, a partir de ciertos cambios que fueron analizados por el autor Francisco Thoumi,  entre los cuales se encuentran la eliminación de los controles de intercambio, que permitieron a los colombianos tener cuentas financieras y hacer préstamos en el exterior, la declinación en las tarifas de importación y la eliminación de cuotas de la mayoría de las licencias de importación y la promoción de la inversión extranjera directa, que entre otros factores contribuyeron a la expansión de la industria de la droga. En este sentido, el autor se refiere a un estudio de la Drug Enforcement Administration (DEA) que evidencia las dificultades cada vez mayores que este organismo ha tenido para monitorear y controlar la industria ilegal en Colombia debido a que 1. La eliminación de los controles de intercambio hicieron más fácil traer al país grandes sumas de dineros de la droga disfrazados de inversión extranjera de capitales; 2. La privatización de los bancos públicos nacionales permitió a los señores de la droga comprar esos bancos y desarrollar una infraestructura legítima a través de la cual esconder y lavar el capital; y 3. La ausencia de leyes restrictivas para el lavado de dinero en Colombia ha hecho que sea más fácil para que los dineros de la droga entren y penetren en la economía nacional.

Para el momento de la expansión del negocio de la coca en Colombia, en pleno contexto de apertura, los distintos actores armados y delincuenciales se vieron, entonces, enfrentados al aprovechamiento del nuevo contexto externo que brindaba nuevas y masivas fuentes de financiación. Las FARC, por ejemplo, encontraron un nuevo combustible para su economía de guerra, a través de la imposición de tributos sobre un 80% de las actividades relacionadas con la producción y exportación de cocaína, llegando a obtener alrededor de US$ 140 millones provenientes de esos tributos.

Así, en la década de los noventa, cuando se registra un ascenso en la producción de coca, que pasó de 45 mil hectáreas (has) en 1994 a 163 mil (has) sembradas en el año 2000, las FARC habían experimentado también un crecimiento sin precedentes, que iba de entre los mil y tres mil hombres en 1980, hasta los 10 mil elementos a inicios de los noventa llegando a su punto más alto en 2002 con 18 mil unidades armadas, según cifras oficiales del gobierno. A finales de la década, cuando se registraban las mayores cifras del crecimiento tanto de los cultivos ilícitos como del grupo armado, las FARC habían obtenido a su vez los mayores triunfos militares de su historia.

Por su parte, la situación de los grupos paramilitares en relación con las economías ilícitas resultó ser más vinculante, debido al tipo de estructura organizacional descentralizada que los ha caracterizado y a las dificultades para separar los objetivos políticos respecto de los objetivos criminales y económicos en su acción. Se puede considerar al respecto, que los mercados globales de drogas ilícitas propiciaron el fortalecimiento de los grupos paramilitares, llevándolos a un crecimiento de aproximadamente 14 mil hombres armados en 2002. Vale la pena resaltar, además, que la expansión de este grupo armado también se ha expresado en su clara orientación hacia la protección y fomento de las inversiones extranjeras y de los proyectos macroeconómicos, que se encuentran vinculados con algunos de los mercados locales que han estado bajo su control.

En cuanto a sus fuentes de financiación y los métodos para esconder sus recursos, se ha podido comprobar un fuerte vínculo del paramilitarismo con los flujos ilegales que operan en el mercado ilícito global,

Un investigador en la embajada de Estados Unidos que ha rastreado por años los esquemas de las finanzas paramilitares, hablando en condición de anónimo, dice que el grupo tiene entre US 200 millones y US 1000 millones en bancos de inversión en Suiza, Italia, Luxemburgo y otros países. Otras sumas no reportadas están en Colombia [...] y el grupo probablemente esconde activos en forma de hoteles, centros comerciales y otras propiedades bajo su control.

Más recientemente, la evolución del actor paramilitar hacia la formación de las denominadas Bacrim, que surgieron del fallido proceso de desmonte de la estructura paramilitar que fue impulsado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde el año 2003 y que produjo la desmovilización de cerca de 32 mil paramilitares, alentó el surgimiento de nuevos grupos criminales como los denominados "Rastrojos", "Urabeños", "Águilas Negras" y "Paisas", que continúan disputándose las redes del crimen organizado para controlar las rutas de transporte y la comercialización de narcóticos hacia el exterior. Lo anterior ha traído como consecuencia un recrudecimiento del conflicto, pues se considera que estos grupos han perdido cualquier connotación política, para dedicarse a la realización de tareas puramente criminales con un alto porcentaje de presencia en el territorio nacional —cerca del 40%—, que estaría representado en 30 de los 32 departamentos y en algo más de 406 municipios del país.

Finalmente, desde inicios de la década de 2000, las fuerzas armadas gubernamentales también incrementaron sus recursos para la guerra como resultado de una serie de políticas de seguridad, soportadas en un discurso de carácter globalizado. En los últimos dos decenios la dinámica del conflicto fue integrada a las denominadas "guerras globales" contra el narcotráfico y el terrorismo, a través de las ayudas militares y económicas estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico y los actores armados catalogados como terroristas. Estas acciones proveyeron al Estado colombiano de una mayor capacidad de ataque y confrontación.

Desde la sombra (E24): Las dos caras de la DEA.

En el año 1999, cuando comienza a definirse claramente la intervención de Estados Unidos a través del Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y del apoyo al Plan Patriota,  ocurre un evidente cambio en la correlación de fuerzas y, por ende, una transformación general de la dinámica del conflicto. A partir de allí se produjeron cambios organizacionales, tecnológicos y expansivos de las fuerzas estatales que le significaron al Estado una recuperación importante de territorios.  Esto se manifestó como sostienen Granada, Restrepo y Vargas de la siguiente manera,

Con el apoyo político del gobierno traducido en un gran esfuerzo fiscal, el renovado apoyo del gobierno estadounidense representado en la continuación del Plan Colombia y como parte de su programa de asistencia militar, las fuerzas estatales siguiendo un plan de modernización y crecimiento predefinido, pasaron de tener 145 000 combatientes a finales de la década de los noventa, de los cuales menos de un cuarto eran profesionales,  a 431 253 en enero de 2009, cifra con la cual las fuerzas estatales alcanzaron el techo de la expansión de su pie de fuerza.

Las consecuencias de este fortalecimiento del Estado fueron múltiples, pues aunque implicó un retroceso temporal de la avanzada guerrillera, la recuperación parcial de las fuerzas del Estado en el territorio nacional y una mayor provisión de seguridad, otros fenómenos como el desplazamiento forzado, la violencia homicida y delincuencial asociada al conflicto y la victimización de la población civil se siguieron expandiendo, una vez que se pusieron en marcha los mecanismos militares de los que disponía el Estado para continuar con la guerra. De hecho, como sugieren Granada, Restrepo y Vargas la campaña contrainsurgente se vio enfrentada a una situación de estancamiento, manifestada en su incapacidad para la desintegración real de los grupos armados y en la configuración de nuevas formas de violencia que se generaron alrededor del problemático fenómeno neoparamilitar.

 

Con este artículo se espera finalmente dejar abiertos nuevos interrogantes relacionados con un reto aún mayor, la búsqueda de una terminación pacífica de la confrontación armada: ¿Se está viendo constreñida la resolución del conflicto colombiano por factores que derivan del nuevo orden global? ¿De qué forma se pueden superar dichas limitaciones? ¿Qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para pensar en la resolución del conflicto colombiano en un contexto de globalización? La respuesta a estas preguntas depende de la formulación de debates, modelos y metodologías hacia los cuales deben ir dirigidos los esfuerzos futuros en la búsqueda a una resolución pacífica del conflicto.