La descentralización y el reforzamiento de la conflictividad en las localidades - 10°

 

Actividad No. 3 La descentralización y el reforzamiento de la conflictividad en las localidades

Cuestionario

1.      ¿Por qué las instituciones financieras internacionales: FMI Y BM definen los lineamientos de las política económicas y condicionaban la entrega de ayudas y créditos?

2.      Plantea el papel nefasto que juegan la politiquería,  corrupción administrativa y los actores armados —FARC-EP, ELN y AUC en el proceso de transferencias de recursos que se dio desde el Estado central hacia los departamentos y municipios

3.      Plantea tus alternativas de solución ante la ausencia histórica de las instituciones de justicia y seguridad del Estado en los territorios

4.    4.  De acuerdo con el video: Reflexiona sobre las causas y consecuencias de las medidas económicas del FMI y el BM y la inversión del lenguaje como medio de manipulación de la realidad. Relaciona las palabras respéctivas

 

En Colombia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, la globalización vino acompañada de una restructuración económica, política y territorial del Estado nación dirigida a enfrentar las presiones y exigencias económicas del mundo global. En este contexto, la descentralización se constituyó en una de las fórmulas básicas para la salida a los dilemas económicos y sociales propios del modelo Estado céntrico que predominaba en el sistema regional, así como para iniciar el proceso de apertura hacia los mercados globales y hacia la democratización.

La orientación de este proceso en la región fue llevada a cabo por las Instituciones Financieras Internacionales, especialmente por instancias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que definían los lineamientos de las política económicas a una escala global y condicionaban la entrega de ayudas y créditos, a cambio de que los países latinoamericanos iniciaran un proceso activo de apertura económica, privatización y desconcentración del aparato estatal, como reformas encaminadas a fortalecer las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público.

Eduardo Galeano / El orden Criminal del Mundo: El miedo manda

En Colombia, específicamente, la necesidad que tenía el Estado de disminuir sus responsabilidades como centro regulador de la política social para poder poner en marcha la reforma neoliberal, se manifestó en un profundo proceso de descentralización que inició en la década de los ochenta y se formalizó con la Constitución de 1991.

A pesar de los avances que esta reforma suponía en términos de la democratización y modernización del Estado, el gobierno central no pudo prever, sin embargo, las consecuencias que este proceso tendría en un país que vivía en medio de un conflicto armado y que, justamente, hacia la década de los noventa experimentaba el despegue económico y territorial de los distintos grupos insurgentes.

En el estudio sobre conflicto, Estado y descentralización en Colombia, los autores Fabio Sánchez y Mario Chacón   comprobaron la hipótesis que relaciona de manera directa la presencia de nuevas riquezas y recursos en los municipios, derivados del proceso de descentralización, y la progresiva expansión, presión y enriquecimiento de los actores armados —FARC-EP, ELN y AUC— a lo largo y ancho del país. Lo anterior se pudo verificar en virtud del acelerado proceso de transferencias de recursos que se dio desde el Estado central hacia los departamentos y municipios, pues según datos aportados por los mismos autores, durante el periodo 1982-2002, las transferencias totales pasaron de representar 1.9% del PIB a ser casi 6% en 2002.

Con la gran cantidad de recursos presupuestales que se trasladaron hacia los gobiernos locales, sobre todo para atender las necesidades de la población en materia de salud, educación y agua potable, se pudo comprobar que los grupos armados se vieron incentivados a obtener un mayor control de los recursos económicos que empezaron a llegar a las localidades, y que ahora se constituían en una fuente clara de poder político y de financiación. Ello se facilitó aún más dado que la descentralización ocurría en un contexto de ausencia histórica de las instituciones de justicia y seguridad del Estado en los territorios alejados del centro, que evidenciaba la debilidad de los municipios y departamentos para ejercer un control territorial capaz de resguardar y proteger tanto los recursos económicos procedentes del gobierno central, como a los miembros o individuos implicados en su manejo.

Una vez que se abrieron nuevas oportunidades económicas y políticas a partir del proceso de descentralización, los actores armados comenzaron entonces a acceder a porciones cada vez mayores de poder por vía de la intimidación, de la cooptación o eliminación de los dirigentes regionales, o a través de la apropiación directa de los recursos económicos. Un ejemplo de ello se manifestó en la presión que comenzaron a ejercer los grupos armados en el proceso electoral de los distintos municipios del país, y que reflejó claramente la capacidad que tenían estos grupos para afianzar su control en determinados territorios y utilizar el nuevo engranaje político y económico del Estado a su favor,

La mencionada presión se ha reflejado en la enorme magnitud de la violencia contra candidatos a cargos públicos locales. Según datos de la presidencia de la república, durante el periodo 1998-2001, los grupos armados ilegales asesinaron un total de 70 candidatos a alcaldías, 92 a concejos y 14 a otros tipos de cargos públicos. Siendo 1997 el año más crítico con 57 candidatos asesinados, 100 secuestrados y 369 retirados de la contienda electoral.

Más de dos décadas después de formalizado el proceso de descentralización, la situación de violencia en las localidades se ha mantenido en un nivel alarmante. En las elecciones regionales y locales del mes de octubre de 2011, por ejemplo, se registró una de las campañas más violentas de los últimos años con 41 candidatos políticos asesinados. En un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) se determinó que el número de víctimas era superior en 52 % al periodo electoral de 2007, cuando los asesinados sumaron 27, y que aparte de los 41 muertos, hubo 88 candidatos amenazados, 23 atentados y 8 secuestros. Se informó también que había al menos 978 municipios en riesgo y que la mayor parte de esta cooptación violenta de los poderes locales se debía a la expansión y el fortalecimiento de los reductos paramilitares y/o nuevas bandas criminales a lo largo y ancho del país.

En definitiva, la transferencia masiva de recursos desde el centro hacia los municipios permitió a los grupos armados acceder fácilmente al botín económico del Estado para alimentar su economía de guerra. Se puede afirmar, entonces, que el proceso de descentralización, en el caso específico de Colombia, ha sido un claro ejemplo de la forma en que las tendencias y las presiones globales sobre la reconfiguración del Estado nación abrieron nuevas oportunidades económicas y políticas para el reforzamiento de la dinámica del conflicto en el contexto de lo nacional y lo local.